11 de noviembre 2009 Familiares del caso Chaupiorcco darán sepultura a sus seres queridos
Escribe: Los Andes/Nacional - 19:24h
En un acto sin precedentes para la región Apurímac, el Ministerio Público entregará este viernes 13 de noviembre, los restos de cinco personas que fueron asesinadas y desaparecidas por efectivos militares en Aymaraes, en enero de 1988.
Los restos de las víctimas fueron encontradas una fosa común ubicada en el lugar denominado Chaupiorcco, en la provincia apurimeña de Aymaraes. En dicha diligencia, realizada el 13 de diciembre de 2004, se encontraron restos óseos humanos que fueron enviados a Lima para el examen de ADN. Así se logró identificar a Armando Huamantingo Villanueva, Manuel Niño de Guzmán Ayvar, Juan Pablo Carbajal Hurtado, María Elena Zavala Cayllahua y Simona Pérez Tapia.
El viernes 13 de noviembre, también se llevará a cabo una ceremonia de reconocimiento en memoria de las víctimas de Chaupiorcco, en el Auditorio del Gobierno Regional de Apurímac. El acto espera contar con autoridades regionales y locales, además de la participación de organizaciones sociales y población en general. El velatorio de los restos de las cinco víctimas se realizará en las instalaciones del Club Unión de Abancay.
Por la tarde del día sábado 14 de noviembre los restos serán llevados a la Catedral de Abancay, donde se ofrecerá una misa de honras, para luego ser trasladados y sepultados en el Cementerio General de Abancay, lugar donde se construyó un mausoleo para las víctimas, como lugar de memoria.
ANTECEDENTES DE LA MATANZA EN AYMARAES
El 23 de Septiembre de 1987, durante el primer gobierno de Alan García, se decretó estado de emergencia en la provincia de Aymaraes como parte de la estrategia contra la subversión. En noviembre del mismo año las fuerzas armadas tomaron el control de esa zona, así como en Abancay, Andahuaylas y Grau.
Un año después, en septiembre de 1988, el estado de emergencia se extendió a todo el departamento de Apurímac. Así, por primera vez se instalaron cuarteles militares en las provincias de Abancay, Aymaraes y Cotabambas.
En la provincia de Aymaraes, el Ejército Peruano instaló cinco bases militares ubicadas en los centros poblados de Santa Rosa, Capaya, Chalhuanca, Quilcaccasa y Cotaruse, desde donde salían regularmente patrullas militares a realizar visitas a las comunidades campesinas de la zona. Desde estas instalaciones militares se ejerció un fuerte control sobre la población y las autoridades civiles y políticas de la zona.
Según diversos testimonios, el 10 y 12 de enero de 1988 una patrulla del Ejército Peruano detuvo a trece personas en la comunidad de Checcasa, distrito de Justo Apu Sahuaraura, a quienes sometió a múltiples torturas. El 13 de enero, la misma patrulla detuvo a tres personas más en la comunidad de Socco, distrito de Tapayrihua. Por la noche, mientras los detenidos eran trasladados a la Base Militar de Santa Rosa, se les dividió en dos grupos. Luego que el primer grupo cruzara el túnel de Huayquipa, los miembros del segundo grupo oyeron disparos y gritos, según el testimonio del único sobreviviente que consiguió huir esa fatídica noche. Lo último que supo del segundo grupo es que fue trasladado a la Base Militar de Santa Rosa.
A la fecha existe una denuncia ante el Ministerio Publico de Abancay sobre la desaparición forzada de 38 personas y otros delitos presuntamente perpetrados por el personal militar del Ejército Peruano ubicado en las bases militares de Santa Rosa y Capaya, que son objeto de investigación.
Desapariciones en la base militar de Santa Rosa
La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha establecido que miembros del Ejército Peruano destacados en la Base Militar de Santa Rosa, Apurímac, cometieron graves violaciones de los derechos humanos de 17 pobladores de las comunidades de Checcasa, Sallalli, Amoca e Ihuayllo. Dichas personas fueron detenidas arbitrariamente y hasta la fecha continúan en condición de desaparecidas.
Hechos
El 17 de diciembre de 1987, una patrulla del Ejército Peruano partió de la Base Militar de Santa Rosa para realizar una operación destinada a capturar a mandos senderistas e incautar armamento empleado por el PCP-Sendero Luminoso, en la comunidad de Checcasa (Justo Apu Sahuaraura, Aymaraes).
Al llegar al lugar, los militares detuvieron a Jorge Sergio Ayvar Huamaní (28 años), Magdalena Bazán Huamaní (45 años) y Juan Esperanza Ayvar (45 años), y los condujeron a dicha base. Transcurrido un breve lapso, fueron liberados y se les encargó informar a un conjunto de personas -cuyos nombres aparecían en un listado-, sospechosas de pertenecer a Sendero Luminoso. Ellas debían presentarse en la mencionada dependencia militar.
Ayvar Huamaní, Bazán Huamaní y Esperanza Ayvar no acudieron la citación. Así, los días 28 y 29 de diciembre de 1987, una patrulla militar volvió a Checcasa y los detuvo, por segunda vez, obligándolos a abordar un camión del Ejército. El primero de los nombrados continúa en condición de desaparecido, los otros dos fueron liberados al poco tiempo.
Entre el 8 y el 13 de enero de 1988, se desarrolló un nuevo patrullaje militar también motivado por el objetivo de encontrar sediciosos y decomisar armas. El destino principal de este operativo, nuevamente, era Checcasa. Aquí serían detenidas siete personas más. Un comunero, quien fue testigo presencial del patrullaje desarrollado en esos días, logró sobrevivir al cautiverio pues escapó de vigilancia de los soldados y su testimonio coincide plenamente con las versiones brindadas por cada una de las personas que observaron los diversos hechos narrados en este caso.
El 8 de enero, un grupo de efectivos militares salió de la base de Santa Rosa con rumbo a la mencionada comunidad, sin embargo, antes de llegar a su destino, ingresó al poblado de Socco y detuvo a Simona Pérez Tapia (26 años), Leandro Pareja Salinas (26 años) y Santos Salinas Chávez (42 años). Las tres personas fueron llevadas a la base en un camión del Ejército y, hasta la fecha no se ha logrado determinar su ubicación.
Durante la madrugada del 11 de enero, los militares se dirigieron a la cabaña de los esposos Juan Pablo Carbajal Hurtado (43 años) y María Elena Zavala Cayllahua (28 años). En esa vivienda pensaban encontrar las armas que demostrarían la militancia senderista de los comuneros de Checcasa. Carbajal Hurtado y Zavala Cayllahua fueron cruelmente torturados. En estas circunstancias, uno de los torturados habría sindicado a Manuel Niño de Guzmán, habitante de Sallalli, como la persona que escondía las armas.
Ese mismo día, Armando Huamantingo Villanueva (40 años), vecino de la comunidad de Amoca, fue detenido en La Base. Huamantingo acudió a dicha dependencia castrense al enterarse que su nombre se encontraba en una lista de presuntos subversivos que los militares intentaban hallar. Su esposa Matiasa Huashua Huamaní y tres de sus cinco hijos presenciaron su ingreso al lugar. No se volvió a tener noticias sobre su paradero.
También el 11 de enero, la patrulla partió hacia Sallalli en busca de Manuel Niño de Guzmán. En el camino se encontró con Fermín Gonzales Arbieto (48 años) quien fue detenido por portar un cuchillo. Las explicaciones de Gonzales Arbieto no fueron escuchadas por sus captores.
Los miembros de la familia Niño de Guzmán refirieron que la pequeña Luisa Ayvar Niño de Guzmán (6 meses) habría sido llevada a la Base Santa Rosa, donde se produjo su desaparición. Cabe acotar que pobladores del distrito de Santa Rosa indicaron que, desde el 14 de enero de 1988, los soldados de la Base militar instalada en el lugar empezaron a ofrecer a una niña en adopción.
El 14 de enero de 1988, Ramiro Niño de Guzmán Ayvar se presentó en la Base de Santa Rosa para exigir la libertad de sus familiares Manuel Niño de Guzmán Ayvar, Matilde Niño de Guzmán, Luisa Ayvar Niño de Guzmán, Rosa Niño de Guzmán Ayvar y Rosa Velásquez Marca. Inmediatamente fue detenido y obligado a ingresar a dicho establecimiento militar, donde fue sometido a torturas y posteriormente liberado gracias a una oportuna intervención del Comité de Derechos Humanos de Abancay.
En tanto, el 3 de febrero de 1988, en el centro poblado menor de Casinchihua (Pichirhua, Abancay), se halló el cadáver decapitado de una mujer que Ramiro Niño de Guzmán identificó como el cuerpo de su hermana Matilde. El cuerpo mostraba evidencias de tortura.
Pese a la identificación del cadáver, se prohibió su entrega a los familiares y se inhumó en una fosa común del cementerio de Condebamba, Abancay.
Exhumaciones en Chaupiorcco
El 13 de diciembre de 2004, en la zona de Chaupiorcco, distrito de Chapimarca, provincia de Aymaraes, se ubicó una fosa común en la cual se constató existían restos óseos humanos. Los restos fueron enviados a Lima para el respectivo examen de ADN y de Fibrina. En dicha ocasión, el Equipo de Antropología Forense (EPAF), actuó como perito de parte de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), representante legal de los familiares. Así, logró identificarse a Armando Huamantingo Villanueva, Manuel Niño de Guzmán Ayvar, Juan Pablo Carbajal Hurtado, María Elena Zavala Cayllahua y Simona Pérez Tapia.
En la actualidad, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo de Abancay y la Municipalidad Provincial de Abancay, se ha logrado la donación de un terreno por parte de la Beneficencia Publica de Abancay en el Cementerio General de Condebamba, Abancay. Asimismo, gracias a las acciones de incidencia, se ha logrado el compromiso por parte del Gobierno Regional de Apurímac, de construir un mausoleo para las víctimas de la violencia política, como lugar de memoria.
Asimismo se vienen realizando coordinaciones con la Fiscalía a cargo de las investigaciones para que, tras haber permanecido en calidad de desaparecidos durante más de dos décadas, se haga la entrega de los restos identificados a los familiares. Gracias a ello le podrán dar cristiana sepultura, de acuerdo a sus costumbres y tradiciones.
Veinte años después de los lamentables sucesos que enlutaron a las comunidades Socco, Amoca, Checcasa y Sallalli, de la provincia de Aymaraes, los familiares de las víctimas no descansan hasta alcanzar la tan anhelada justicia. A la fecha, el caso se encuentra en investigación en el Ministerio Publico de Abancay.
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