La República
Lunes, 01 de Enero 2007

Política
Ausencia de registro de difuntos impedirá reparación a deudos

CONTRA EL OLVIDO

• En Santillana, Huanta, los propios pobladores han comenzado a levantar un registro de los muertos de la guerra
• En un área donde el conflicto arrasó con todo, el Estado exige certificados de defunción para otorgar reparaciones a las familias.

Por Ángel Páez. San José de Secce.
Fotos: Virgilio Grajeda.

"Ni con la muertehabré de olvidarte".Huaino de Carlos Falconí.

Isabel Limancca y dos familiares de víctimas de la guerra en la plaza de San José de Secce, capital del distrito de Santillana, lugar devastado por el conflicto.Isabel Limancca Ricra deambula como una aparición por las comunidades del distrito de Santillana. En esa zona de extrema lejanía donde el viento pierde el aliento, senderistas y militares mataron a más de mil pobladores durante la guerra. Uno y otro se turnaban en la carnicería. Pero no hay registro oficial de los fallecidos.

Limancca busca a los familiares de las víctimas, a los que sufrieron torturas, vejaciones y violaciones, a todos los que, según la ley, tienen el derecho de recibir una reparación. En un cuaderno de pasta gruesa, con nerviosa caligrafía escribe los nombres y apellidos de los muertos, de los desaparecidos, de los pateados, de los olvidados.

Oficialmente, hace más de seis años acabó la guerra, pero todavía no se sabe con certeza quiénes son los muertos. Limancca dice que quizás nunca se sepa porque en Santillana, cuya capital es San José de Secce, familias completas fueron exterminadas.

Tumbas sin nombre

Por eso, Limancca, que habla mejor en quechua pero se expresa con firmeza en español, decidió desafiar al Estado peruano. Fundó la Asociación de Afectados por la Violencia Política (ASAVIP). Es una organización que busca aliviar de la marginación a las víctimas del conflicto.

Limancca, de 44 años, ya tiene inscritos en su cuaderno de pasta gruesa a 330 víctimas identificadas. Lo que ha avanzado lo va a remitir a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del Seguimiento de las Acciones Políticas del Estado en los Ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional, un organismo limeño de tumultuosa denominación que no ha enviado a ninguno de sus funcionarios a esta triste tierra repleta de tumbas sin nombre.

Una de las tumbas clandestinas de Putis descubierta en 2001 con más de cien cadáveres: hoy sigue igual. Haga click en la imagen para ver ubicación.Isabel Limancca también pelea contra la indiferencia de sus paisanos, quienes prefieren olvidar todo para no seguir sufriendo. Ella va de casa en casa en busca de nuevos casos. "Olvidarnos de nuestros muertos es ocultar a nuestros hijos lo que pasó en el pueblo. No es justo. Ellos tienen derecho a saber por qué desaparecieron, por qué los mataron. Yo ya le conté todo a mi hijo", dice.

El 17 de febrero de 1985, una columna de 150 senderistas irrumpió en la comunidad campesina de Marccaraccay, en el distrito de Santillana. Secuestraron y mataron a varios, entre ellos al gobernador Emiliano Cavalcanti Figueroa, esposo de Isabel Limancca, quien entonces estaba embarazada.

Póngase a la fila

"Nunca encontré su cadáver", relata Isabel Limancca. Mientras habla, varias mujeres comienzan a acercarse a la plaza principal de San José de Secce. Ellas también quieren contar sobre el asesinato de un hijo, un padre, una madre, sobrinos, hermanos. Todas lloran cuando relatan los episodios. De pronto, el cielo se rompe y llueve, llueve intensamente y todos se empapan de lluvia y de llanto. Hay todavía demasiado dolor en esta tierra.

"¿Cuántos certificados de defunción ha expedido a los familiares de personas asesinadas durante la guerra", le pregunto al registrador civil de Santillana, César Méndez Velarde.
"Tres", responde.
"¿Tres?", le repregunto, acaso porque escuché mal. El cálculo más conservado indica que mataron a mil en esta zona.
"Tres, señor, tres", contestó.

Durante la violencia política fueron destruidos los registros públicos.Es el 0.3 por ciento del total de asesinados en Santillana.

Méndez recuerda que los senderistas también mataban a los registradores civiles. "Por eso en la zona de guerra no había nadie que inscribiera los fallecimientos ni los nacimientos. Poco a poco se está reconstruyendo, pero va demasiado lento", dice Méndez.

Seis años después de terminado oficialmente el conflicto armado, el Estado peruano decidió constituir el Consejo Nacional de Reparaciones. Este debe identificar a las víctimas de la guerra para proceder luego a la indemnización. La fecha límite para terminar ese trabajo es julio de 2008. No falta nada. Y, sin embargo, en Ayacucho y las zonas devastadas por la violencia miles de muertos y desaparecidos ante la ley son gente que nunca existió porque no hay documentos oficiales que acrediten que vivieron o que murieron.

En Santillana no solo nadie registró a los muertos sino que las autoridades tampoco tienen interés en recoger información de los fallecidos. Eso explica por qué desde 2001 cuando fueron descubiertas cinco fosas en la comunidad de Putis con decenas de cadáveres hasta hoy no hay exhumación.

Gerardo Fernández Mendoza, autor del hallazgo de las tumbas, ha encontrado otras tres fosas por la misma zona. "Deben de ser como 200 los fallecidos. Son los que mataron los militares", dice. ¿Cómo se pretende reparar a las familias de las víctimas de la violencia si ni siquiera se han abierto todas las tumbas clandestinas?

Ejemplo. Izquierda, Gerardo Fernández con uno de los registros de las víctimas de Putis. La misma tarea cumple por su propia iniciativa Isabel Limancca (derecha).Los militares desaparecieron a la madre de Gerardo Fernández, Catalina Mendoza Quispe, y a su hijo Raúl Fernández Ccente, de solo tres años. "Fue el 19 de abril de 1985. Los responsables son el capitán ‘Lalo’ y el teniente ‘Baretta’", dice. Como Isabel Limancca, Fernández recorre los pueblos asolados por la muerte. "¿Cuántos nombres de muertos tiene?", le pregunto. "Más de 380", responde, mostrándome los listados: "Solo en la comunidad de Putis y anexos. Y todavía me falta recorrer más". Algo es algo. No hay peor ofensa para los muertos que el olvido.

Claves

OTRA REALIDAD. Para los familiares de los desaparecidos la ley es más dura. Deben cumplir requisitos imposibles. Para intentar resolver el problema, la Defensoría del Pueblo expide "Certificados de Ausencia por Desaparición Forzada". Hasta el momento han sido entregados 217 documentos.

LARGO TRABAJO. Sin embargo, son 8 mil 558 los casos de desaparición. Solo se ha avanzado el 2.5 por ciento del total.

45 mil afectados por inexistencia de partidas

Millares de partidas de nacimiento fueron destruidas durante la guerra. Si el familiar de una víctima pretende ser reparada, no solo va a tener que presentar el certificado de defunción sino también la de nacimiento del ser querido para acreditar que existió. Sin embargo, la ley no hace diferencias en el caso de las víctimas de la guerra que no cuentan con dichos documentos.

"Tanto la destrucción de las partidas de nacimiento como la inexistencia de registros de fallecidos durante el conflicto harán muy difícil la reparación a las víctimas. Se necesita cambiar las leyes", dijo Raquel Reynoso, de la asociación Servicios Educativos Rurales (SER). Ella coordinó un programa de reconstrucción de los registros civiles de Santillana.

Lo que ocurrió en el distrito de Santillana no es un caso singular. Se repitió en todo Ayacucho y en otras zonas de conflicto. Reynoso señaló que de los 193 registros civiles que existían en Ayacucho durante el periodo de violencia política, la mitad resultó total o completamente devastada.

"Hemos proyectado el número de pobladores afectados por la destrucción de los registros civiles en Ayacucho. La cifra alcanza a 45 mil personas que no cuentan con partidas de nacimiento. Sin estos documentos la reparación a los familiares es imposible", declaró Raquel Reynoso.