POLITICA- (2005-06-19)
LAS PALABRAS. El General Williams.
Existe abuso contra uno de los militares más destacados de la nación, el general José Williams.
Gustavo Gorriti-Codirector de La República.
La lucha por los derechos humanos en el Perú durante los años de la guerra interna y a lo largo del fujimorato fue una de las más notables y aleccionadoras en el Hemisferio. Tuvo, como en otras naciones, el indispensable elemento de tenacidad ante el peligro y la desgracia; y tuvo también, a diferencia de otros casos, logros puntuales y victorias tempranas que significaron vidas salvadas, torturas prevenidas, sentencias conmutadas y gente que retornó del infierno a la cotidianidad.
Pienso que una de las razones que hicieron ello posible fue la temprana decisión de un importante segmento en la comunidad de derechos humanos, de defender la democracia como sistema (agredida por una insurrección medularmente totalitaria, como fue el senderismo) y reconocer, en consecuencia, el deber del Estado de defender a la sociedad atacada empleando la fuerza necesaria a través del método justo.
A propósito de eso: durante los largos años que cubrí la guerra interna en la revista Caretas, buscamos, entre otras cosas, identificar a los oficiales que entendieron que su misión era defender al pueblo y a la libertad, y que consideraron la democracia como un arma y no como un obstáculo para vencer al senderismo. No fueron muchos, pero sin ellos la guerra no se habría ganado. Desde el capitán “Amador” en Sivia en 1983 hasta el coronel Benedicto Jiménez en el GEIN de 1989-1992, el contrainsurgente ilustrado fue el contrapunto decisivo (aunque frecuentemente en minoría) de los eventuales psicópatas uniformados y de los militares o policías simplemente obtusos, que actuaron bajo doctrinas y métodos que fueron y resultaron incompatibles con la democracia.
Pero, la posición descrita de parte importante de la comunidad de derechos humanos, hizo que la lucha contra el exceso represivo (en las acciones, en las sentencias) consiguiera ser más eficaz. Se pudo lograr resultados poniendo en práctica el indiscutible principio de que no hay culpa en el inocente. Axiomático, claro; pero ¡cuánta gente salió de la cárcel a la libertad gracias a la aplicación en los hechos de ese principio!
Lo común en todos los casos, fue la lucha contra el exceso, contra el abuso y en favor de una sociedad donde la libertad sea vigilada y defendida en el hecho y el derecho.
Los principios, claro está, se aplican a todos. Por ello, hoy siento el deber de escribir sobre el abuso que se comete contra uno de los militares más destacados de la nación, el general EP José Williams Zapata.
El juez que lleva a cabo la instrucción por la masacre de Accomarca en 1985, ha ordenado la detención del general Williams, actual jefe de la Región Militar del Norte. En 1985, el entonces mayor Williams era jefe de la compañía ‘Lince’, una de cuyas patrullas, a cargo del notorio Telmo Hurtado, perpetró la matanza.
Williams, sin embargo, demostró reiteradamente ante la Comisión de la Verdad (CVR), que él no tuvo nada que ver con los planes o acciones operativos de la patrulla, ni tuvo comando o control sobre ellas.
Carlos Tapia, uno de los integrantes de la Comisión de la Verdad, me dijo que el grupo encargado de la investigación de Accomarca tuvo dos reuniones con el general Williams, donde se examinó en detalle tanto la circunstancia como el procedimiento y se determinó que “[Williams] fue totalmente coherente… se llegó a la conclusión de que el general Williams no tenía responsabilidad en Accomarca”, dice Tapia.
A su turno, Sofía Macher, otra comisionada, dice que “[Williams] nos pareció convincente y [concluimos] que él no tenía responsabilidad”.
Claro que la CVR no es un tribunal, pero los hechos no cambian de un fuero a otro. Y en la CVR fueron consistentemente investigados.
En esa circunstancia, ¿cómo se explica que el juez a cargo de la causa ordene el arresto del general Williams, si éste no sólo se encuentra en actividad sino en comando de una de las regiones militares más importantes e impedido, por lo demás, de abandonar su puesto sin autorización? Si no existe ningún peligro de fuga, si no existe siquiera presunción justificada de responsabilidad, ¿para qué detener a un militar destacado, cercenarle la carrera y decapitar de paso la Región Militar del Norte? ¿Por humillarlo? ¿Por humillar a los militares? ¿Porque le sale de los forros al juez?
¿No es ese un abuso análogo a los que se cometieron, desde la autoridad militar o policial, durante los años de la guerra interna? ¿No es ese abuso de autoridad nuevamente el enseñoreamiento de la medida indiscriminada y excesiva, el equivalente de “me cargo a todos porque en el fondo todos son culpables”?
El caso del general Williams se torna emblemático, pero desgraciadamente no es el único. El exceso, a veces formalista, a veces arrogante, a veces las dos cosas, en los casos anti-corrupción y, ahora, en el enjuiciamiento de casos de derechos humanos, socava el propósito mismo de su misión: establecer la verdad, castigar el abuso.
Si faltamos a la verdad y si abusamos, ¿no saboteamos lo que decimos buscar? Lo que es peor: con los abusos contra gente con poca capacidad de defenderse, lo único que hacemos es favorecer a aquellos que sí tienen gran responsabilidad y que hasta ahora se las han arreglado no sólo para estar libres de toda acusación, sino para recobrar posiciones de influencia y dominio.
Hay un aspecto adicional, de mucha importancia, en el caso del general Williams: él es un soldado de sobresaliente calidad militar y que por eso goza de predicamento en su institución. Combatió en el Cenepa y fue, como se sabe, quien comandó en los hechos la operación Chavín de Huántar. Uno puede estar de acuerdo, o no, con la decisión de llevar a cabo la operación de comandos en ese caso. Pero desde el punto de vista puramente militar, fue uno de los mejores operativos de rescate de rehenes en el mundo.
Williams es, además, la persona que provocó –junto con el general Otto Guibovich– la veloz decisión de Antauro Humala, de rendirse en Andahuaylas, cuando se percató de que dos de los mejores soldados de fuerzas especiales llegaban a terminar con la situación por las buenas o por las malas.
En el contexto de inestabilidad y amenaza que enfrenta ahora la región andina, nuestro país necesita una fuerza armada diestra, competente y capaz. La viabilidad misma de la Democracia y la república demandan una capacidad sólida y creíble de defensa. Para eso, antes que fierros necesitamos líderes: los profesionales de calidad a quienes la república les pueda confiar sus armas.
Pero, si perseguimos abusivamente a los mejores oficiales, ¿dónde queremos llegar? ¿A que, una vez encarcelados los buenos, los mediocres que quedan fuera concluyan que con Montesinos y Fujimori se estaba mejor? ¿Es ese el objetivo?
Confundir justicia con venganza o justicia con abuso es lo que hicieron en el pasado los violadores de derechos humanos. Y si no se aprendió entonces que democracia que abusa es democracia que se pierde, ello significaría que es todavía cierto aquello que decía antaño el padre Hubert Lanssiers: que se puede luchar contra el mal, y vencerlo; pero que contra la estupidez es imposible.
La defensa del Gral. Williams Zapata
"La culpabilidad o la inocencia se precisará después, y no antes, de la investigación"
Gustavo Espinoza.
Sorprendentemente Gustavo Gorriti ha asumido la defensa pública del general José Williams Zapata, cuestionado por las autoridades judiciales en el marco del esclarecimiento de lo ocurrido en Accomarca entre agosto y setiembre de 1985. Llama la atención porque al margen de otros temas en los que ha habido diferencias con el hoy Codirector del diario La República, lo real es que Gorriti, ha mostrado en lo fundamental una ejecutoria limpia en el plano de los derechos humanos por lo menos en lo que al Perú se refiere.
Cabe preguntarse, entonces, qué es lo que puede inducir a un periodista como él a tomar partido de un modo tan rotundo y claro por un militar requerido por la justicia? Si nos atenemos a la explicación que presenta, Gorriti ha buscado “ser justo”, porque –a su juicio– el general aludido “es uno de los militares más destacados de la nación”.
Ocurre, sin embargo, que nadie –ni el mismo Gorriti– cuestiona los hechos en los que se ha visto envuelto este renombrado general. Fue en 1985, en efecto, Jefe de la Compañía Lince que operó en la región de Accomarca y otras localidades en ese periodo y dejó una dolorosa estela de muerte y terror. ¿No debe investigarse eso? ¿Nadie debe abocarse a reconstruir lo ocurrido deslindando las responsabilidades individuales y precisando las colectivas? ¿Alguien, por méritos especiales, puede situarse por encima de la ley y proclamar su inocencia sólo porque es hoy un “destacado general”?
Lo que se requiere es investigar los hechos. No necesariamente implica ello considerar al general Zapata culpable de los mismos. No tampoco inocente. La culpabilidad o la inocencia se precisará después, y no antes, de la investigación. Pero ella debe hacerse para que se pueda realmente hablar de justicia. Porque tan negativo resulta culpar a alguien sin investigar, como eximirlo de culpa sin juicio cuando es un hecho público que detentó, en ese periodo, un cargo tan importante: la jefatura de los Comandos Lince, que los pobladores de la región andina evocan con pavor.
Argüir que el militar incoado comandó el rescate de los rehenes en 1987 que “desde el punto de vista puramente militar, fue uno de los mejores operativos de rescate de rehenes del mundo”, es aún más sorprendente. Nadie discute, en efecto, la calidad del operativo que permitió que 140 comandos especialmente adiestrados y poderosamente armados aniquilara sin piedad a 14 activistas del MRTA, la mayoría de los cuales eran jóvenes sin preparación de combate. Lo que se ha dicho –y se ha comprobado– es que en el marco de ese operativo hubo ejecuciones extrajudiciales. ¿Hay que pasar por alto también eso?
En diversas ocasiones, y con la opinión de los peritos forenses, se ha puesto en evidencia, en efecto, que algunos de los caídos en esa “épica jornada” fueron capturados vivos y luego recibieron disparos en la cabeza cuando estaban desarmados e indefensos. Pero el tema es aún más escabroso: entre los 14 muertos estuvieron dos muchachas que frisaban los 18 años. Nadie ha dicho cómo fue que ellas murieron. Se sabe, en efecto, cómo murió Néstor Cerpa. También cómo murieron los seis que jugaban fulbito en la residencia nipona cuando estalló la carga explosiva accionada desde el subsuelo. Y los 3 que mataron a sangre fría, pero nadie ha explicado cómo murieron las dos jóvenes, una de las cuales estaba embarazada. Y eso, ¿no debe ser investigado porque el general es “uno de los mejores soldados de las fuerzas especiales”?
El tema es ciertamente delicado. Tiene que ver con las relaciones entre el Poder Civil y el instrumento uniformado del Estado, que se resiste a ser investigado y que reclama “un acuerdo político” para poner fin a todo esto, es decir, una suerte de “ley de punto final” que garantice la impunidad, como en la Argentina de Menem. A los que se empeñan en que así sucedan las cosas hay que recordarles solo que las heridas no cierran. Podrá pasar el tiempo, pero siempre la sangre brotará de la tierra. Y eso también lo demuestra la experiencia. Hoy, después de muchos años, en la tierra del Libertador, las leyes de punto final han sido derogadas.
LAS PALABRAS. El general Williams (II): Réplica y dúplica
"Defiendo al general Williams entre otras razones porque creo que es inocente del cargo por el que el juez ordena su detención. Mi opinión fue compartida por los comisionados y funcionarios de la CVR".
Gustavo Gorriti. Co-director de La República.
En la sección de opinión de hoy, podrán leer un artículo de Gustavo Espinoza Montesinos, que busca refutar el que yo publiqué el domingo pasado sobre el general EP José Williams Zapata.
Aquí le contesto porque el tema lo amerita. Hubiera –por diversas razones– preferido que ese no fuera el caso, pero hay aseveraciones en ese artículo que no pueden quedar sin respuesta, a riesgo de darlas por verdaderas; que sería lo mismo que dar la falacia por verdad.
Empieza Espinoza reconociendo que yo tengo “en lo fundamental una ejecutoria limpia en el plano de los derechos humanos por lo menos en lo que al Perú se refiere”. Gracias por eso. Pero no solo en lo que “al Perú se refiere”. El 2003, por ejemplo, estuve en Cuba, en una misión encubierta del Comité para la Protección de Periodistas, para establecer contacto con las familias de las decenas de periodistas abusiva e ilegalmente encarcelados por el gobierno cubano a inicios del 2003. He sido uno de los pocos que logró culminar su misión sin ser arrestado y expulsado por dicho gobierno. El artículo que escribí en inglés está en la revista electrónica del Comité, “Dangerous Assignments” (www.cpj.org).
Los derechos humanos son universales; de manera que si se defienden en Perú deben defenderse también en Rawalpindi; y, por cierto, hoy en La Habana como antes en Moscú. Escribir contra un exceso aquí mientras se justifica los de Castro, como antes se justificaba los de Brezhnev, significa no ser ni serio ni coherente. (Y ya que hablamos de Cuba, añado para efectos de inventario que coincido con la posición de Amnistía Internacional sobre el centro de reclusión en Guantánamo y opino que su funcionamiento representa una mancha infamante para los Estados Unidos).
Espinoza se pregunta luego, al referirse a mi defensa del general Williams: “¿qué es lo que puede inducir a un periodista como él a tomar partido de un modo tan rotundo y claro por un militar requerido por la justicia?” y se responde lo siguiente: “Si nos atenemos a la explicación que presenta, Gorriti ha buscado ‘ser justo’, porque –a su juicio– el general aludido ‘es uno de los militares más destacados de la nación’”.
Esa es una representación falaz de mis argumentos. He defendido al general Williams entre otras razones porque: a) creo que es inocente del cargo por el que el juez ordena su detención; b) mi opinión fue compartida por los comisionados y funcionarios de la CVR que investigaron el caso (y cité a dos en el artículo); c) porque no existe ninguna razón práctica ni preventiva para la prisión, dado, por ejemplo, que el riesgo de fuga es de cero; d) porque el arresto ya sería en sí un castigo sin sentencia, dado que le destrozaría la carrera y obligaría al relevo de la región militar que comanda. Y si es inocente, como todo indica que lo es, ¿qué justificación hay para ese castigo?; e) porque, nuevamente, los derechos humanos son para todos y el arresto indiscriminado es una forma de represión indiscriminada. A todo lo anterior, añado que el general Williams es, en efecto, uno de los militares más destacados de la nación, y que perseguir injustamente a quien sirve con competencia a su país es añadir la estupidez a la injusticia.
Si alguien tiene culpa, debe responder por ello, aunque posea la estatura militar de, para que me comprenda Espinoza, los mariscales Zhukov o Koniev. Pero si no la tiene, ¿a cuenta de qué la persecución? ¿Porque fue jefe de la compañía Lince, como avanza luego Espinoza en su argumentación? ¿Dónde figura que haya sido un delito haber comandado la compañía Lince?
¿Que no somos jueces y que son los jueces quienes deben decidir? En primer lugar, el caso de Accomarca está en sí harto investigado; y en segundo lugar, si no comentáramos y criticáramos las decisiones judiciales más descabelladas e injustas, las cosas andarían mucho peor de lo ya van. Cualquier persona que haya estado en este país y no en Lalalandia tiene en la memoria inmediata y la percepción cotidiana la lista no solo de errores sino de horrores judiciales. ¿Cómo no comentarlos y criticarlos cuando se producen?
Otra cosa que parece escandalizar a Espinoza es que yo haya escrito que el operativo Chavín de Huántar, que Williams comandó, “desde el punto de vista puramente militar, fue uno de los mejores operativos de rescate de rehenes en el mundo”. A partir de eso, con la faquiresca lógica del resto de su argumentación, Espinoza concluye que yo sostendría que los supuestos excesos que se cometieron una vez que concluyó el operativo en sí, no deben ser investigados.
Claro que deben ser investigados, como todo exceso o todo asesinato a sangre fría. Es más: la CVR también investigó el caso.
En sus conclusiones, dice que: “Reconoce el derecho del Estado a rescatar a los rehenes allí recluidos y saluda el heroísmo y la eficiencia de los comandos que culminaron con éxito el operativo de rescate(…). Condena, sin embargo, las ejecuciones extrajudiciales que se habrían producido, injustificadas por tratarse de personas rendidas, y comparte el rechazo de la opinión pública a las imágenes de Alberto Fujimori paseándose entre los cadáveres en la residencia recién rescatada”. Eso expresa lo que pienso. Añado que ninguna de las informaciones vinculadas con las presuntas ejecuciones extrajudiciales menciona a Williams o a los comandos que participaron en el rescate en sí, sino a la gente del SIN que entró una vez que el rescate se hubo producido.
Estoy entre quienes escribieron antes del desenlace que una salida negociada era la mejor opción. Lo sigo pensando. Sin embargo, tomada la decisión de actuar (y esa era una opción válida), el operativo fue sobresaliente desde el punto de vista militar.
Pocas operaciones son tan difíciles como el rescate de rehenes amenazados de muerte, dentro de un espacio cerrado, confinado y con captores premunidos no solo de armas automáticas sino de explosivos y dispuestos a detonarlos. Ese era el escenario aquí y el resultado fue que se salvó a todos los rehenes, excepto uno.
Veamos, por contraste, otros casos de rescate de rehenes en locales cerrados: El 23 de octubre de 2002, alrededor de 40 militantes chechenos tomaron un teatro en Moscú, y capturaron a más de 700 rehenes. Luego de dos días y medio, las fuerzas especiales rusas ingresaron al teatro, después de utilizar un gas presuntamente adormecedor. Todos los chechenos fueron ultimados, pero más de 120 rehenes murieron en la acción.
También les pasa a las democracias y a las fuerzas especiales de la policía. En 1993, por ejemplo, agentes del FBI penetraron en el reducto fortificado del culto de los Branch Davidians en Waco, Texas, después de un sitio de 51 días. Al empezar el operativo, estalló un incendio que mató a 81 personas.
En el rescate de rehenes frente a secuestradores fortificados, con armas y explosivos, son más frecuentes los fracasos que el éxito. Salvar la vida de los rehenes supone la necesidad de operar con gran rapidez, precisión y contundencia. El uso de la violencia letal contra los secuestradores durante el operativo, es, por desgracia, muy difícil de evitar.
En cambio, matar a secuestradores una vez que el operativo ha concluido, que los rehenes han sido salvados y la situación está dominada, tiene un solo nombre: asesinato; y como tal debe de ser investigado, juzgado y castigado.
Añado que junto con las ejecuciones extrajudiciales están las seudojudiciales. En abril de 2003, por ejemplo, un grupo de secuestradores cubanos se apoderó de un transbordador de pasajeros, para tratar de escapar de Cuba. Las fuerzas de seguridad cubanas dominaron sin problemas a los secuestradores y rescataron a todos los pasajeros-rehenes. Cuatro días después, tres secuestradores fueron fusilados luego de una vertiginosa parodia de juicio. Si Espinoza recién se entera de los hechos del régimen que defiende con fervor y quiere publicar una nota de protesta, firmo a su lado. ¿O aquí sí pero allá no?
Termino indicando que la defensa sustantiva de la democracia y los derechos humanos implica, sobre todo en nuestro tiempo y circunstancia, tratar de lograr instituciones funcionales bajo líderes competentes al servicio de los objetivos democráticos de la república. Si reemplazamos, en cambio, la razón por eslóganes y formalismos contradictorios, terminaremos –si es que ya no estamos– en un arroz con mango cuya indigestión será tan bella como la metamorfosis del rostro de Delgado Aparicio en el de Fujimori.
Por último incluyo la opinión de Gloria Cano en la revistas Ideele.
http://www.idl.org.pe/idlrev/revistas/172/Gloria%20Cano.pdf
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